A 10 años del derrame en el Río Sonora: la justicia sigue pendiente

El desastre causado por Grupo México en el río Sonora sigue afectando a miles de personas. A pesar de promesas y fallos legales, la remediación sigue incompleta.

Hace 10 años, el río Sonora fue devastado por el derrame de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.

Spoiler alert… las cosas siguen mal. 

A pesar de fallos legales y órdenes de remediación, las comunidades afectadas todavía están esperando justicia.

Las claves del desastre en el río Sonora al día de hoy:

  • Contaminación persistente: Afluentes del río Sonora aún contienen metales pesados como arsénico, plomo y cadmio.
  • Impacto humano: Enfermedades graves como cáncer y Parkinson se han disparado en las comunidades afectadas.
  • Fideicomiso inconcluso: Grupo México cerró el fondo de remediación en 2018, dejando tareas clave sin realizar.
  • Acción urgente requerida: SEMARANAT promete incluir a comunidades en el plan, pero falta obligar a la empresa a cumplir con los fallos legales.
  • Demandas claras: Se necesitan ya plantas potabilizadoras, un hospital especializado para las víctimas y la rehabilitación de tierras agrícolas en la región.

El daño al ecosistema y a las personas es gigantesco. Metales pesados siguen en los afluentes del río, y las enfermedades como insuficiencia renal, cáncer y Parkinson van en aumento. 

El fideicomiso, originalmente destinado a reparar los daños, fue cerrado unilateralmente en 2018 por Grupo México, tras gastar menos del 60% de lo comprometido, que estaba calculado en 2,000 millones de pesos en ese entonces.

Hoy, las afectaciones están valuadas en más de 20 mil millones de pesos, y los Comités de Cuenca Río Sonora exigen su reapertura, junto con la implementación de plantas potabilizadoras y un hospital especializado para las víctimas.

La SEMARNAT, hoy encabezada por Alicia Bárcena, se ha comprometido a revisar los juicios y garantizar la participación de las comunidades en el plan de remediación. Sin embargo, aún no se menciona cómo se obligará a la empresa a cumplir con su parte. 

Las comunidades insisten: ya no pueden esperar más. Este desastre ambiental es un recordatorio del impacto de la negligencia corporativa y la inacción gubernamental.